El pasado 3 de julio Leire Pajín calificó de "varapalo al PP" la sentencia del Tribunal Constitucional, y no le faltaba razón. No por los motivos que expuso la secretaria de organización del PSOE, sino por la "chapuza" o doble rasero que se ha tenido a la hora de elaborar estatutos en otras comunidades autónomas, por ejemplo en la mía, Andalucía. Desconozco si el hecho de que no haya sido recurrido invalida una posible actuación de la Fiscalía sobre los artículos similares a los declarados inconstitucionales, en otros estatutos. De ser así no sé a qué están esperando.
Después de ese rayo de luz y esperanza que surgió de su mente, la política socialista olvidó que el varapalo real estaba dirigido al gobierno de España, la Generalitat y por ende al PSOE. Leire obvia que si bien la inmensa mayoría de los artículos han pasado el corte del TC, 14 de ellos han sido declarados no acordes con la carta magna, lo que es de una gravedad supina. Con un sólo parráfo que hubiese sido declarado inconstitucional, se hubiese justificado el recurso del PP. La importancia de la inconstitucionalidad es cualitativa, no cuantitativa.
La última perla de su intervención fue la de la utilización del TC, por parte del Partido Popular, como "si fuera un parlamento más". Parece ser, que el derecho de presentar recursos o acudir a los juzgados sólo debe ostentarlo aquellos adalides de la libertad que coincidan con el ideario socialista. No vaya a ser que caigan los tribunales en las derechonas y "ancladas en el pasado" manos de los otros, los que no tienen razón, los que conspiran con Merkel en contra de la economía española...
Pero claro, a estas alturas, unas declaraciones de esta naturaleza no pueden sorprender a nadie. Por contra sí lo hacen las realizadas por Rodríguez Zapatero en La Vanguardia a colación de este tema, confiando en poder recuperar mediante "el cauce constitucional procedente" algunos aspectos concretos que el TC decidió eliminar. Vamos, que se pretende vestir de legalidad, a base de leyes orgánicas, aquellos elementos que han sido descartados por su inconstitucionalidad. Si esto no es el timo de la estampita, que venga Dios y lo vea. Yo soy ingeniero, no jurista, pero diría que roza la prevaricación. En cualquier caso, si se pretende desautorizar al TC, para qué han hecho faltas 4 años de espera en su sentencia?
Ah, para completar esté cúmulo de despropósitos y chorradas varias, Port de la Selva se declara "moralmente" fuera de la Constitución Española. Qué país...
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